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NOTIVIDAAño XX, Nº 1205, 16 de julio de 2020

LA CIUDAD DE BSAS ADHIRIÓ AL PROTOCOLO DE ABORTO DEL MINISTERIO DE SALUD

El proyecto sancionado es inmoral, ilegítimo e inconstitucional, pero le otorgaría un barniz de aparente legalidad a los miles de abortos que anualmente se practican en la Ciudad.

La Legislatura porteña aprobó hoy sobre tablas el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adhiere al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación. La votación arrojó 50 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones.

Votaron en contra los diputados de Vamos Juntos: Claudio Cingolani, Juan Facundo del Gaiso, Carolina Estebarena, Ma. Luisa González Estevarena Guillermo González Heredia, Paola Michielotto y Claudio Romero.

Se abstuvieron: Héctor Apreda y Agustín Forchieri, ambos de Vamos Juntos, y Eugenio Casielles de Consenso Federal.

El Protocolo se traduce en la práctica en aborto a demanda desde los 13 años, aunque los padres desconozcan o desaprueben la decisión. No hay límite de edad gestacional para perpetrarlo. La objeción de conciencia es sólo “individual” y todos los servicios de salud, públicos o privados, deberán hacer abortos.

Destaquemos que -aún sin haber adherido- la ciudad de Buenos Aires ya venía aplicando un Protocolo similar, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, tal como se puede ver en la pág.19 del informe “Salud sexual y reproductiva en la ciudad de Buenos Aires Situación y respuesta 2016-2018”, publicado en diciembre de 2019.

Con esta ley, Rodríguez Larreta cubriría con un barniz de aparente legalidad los miles de asesinatos que anualmente se llevan a cabo en los centros de salud porteños.

El debate

María Patricia Vischi (Evolución Radical): Destacó la buena predisposición del Ministerio de Salud porteño, recordó que hicieron una reunión informativa con funcionarios de esa cartera y elogió los informes presentados en aquella oportunidad. Entre esos datos resaltó que en el 2014 los abortos se hacían sólo en 2 hospitales de la Ciudad y que para el 2018 la mayoría se practicaban en los centros de atención primaria. Enfatizó que los abortos aumentaron un 900% en los últimos años (91 en 2014, 8388 en 2019). Y que el “90% se realizaron por la causal salud, 6% por violación y 4% por riesgo para la vida de la gestante”

Guillermo González Heredia (Vamos Juntos): Dijo que los abortos no punibles ya están incluidos en el art. 86 del Código Penal y que la Ciudad cuenta con un protocolo desde el año 2012. Afirmó que hay más de 80 efectores públicos que practican abortos por lo que no haría falta obligar a las instituciones confesionales. Reconoció que acepta el aborto en caso de que corra riesgo la vida de la madre, pero criticó la forma difusa y laxa en que el protocolo contempla la realización de la práctica bajo la causal salud.

Laura Velasco (FdT): “Este proyecto trata de derechos humanos y salud pública”. Sostuvo que los países que legalizaron el aborto, acompañando la medida con educación sexual y anticoncepción, llevaron a cero las muertes por aborto y bajaron el número de prácticas. Considera que no se puede exigir la denuncia en casos de violación. “La ILE es un derecho que desde 1921 es legal en nuestro país, la Ciudad ha sido pionera en esta materia”.

Lucía Romano (Vamos Juntos): Mencionó que en el 2012 la Ciudad dictó por Resolución un Protocolo que fue judicializado por ser considerado “restrictivo” en relación al fallo FAL, que fue el “que aclaró el alcance del Código Penal”. Según ese fallo, dijo Romano, no es necesaria denuncia policial ni presentación judicial en el caso de violación, “que mal podríamos requerir porque es un delito de instancia privada”. Agregó que la Corte exhortó a hacer operativos protocolos de atención a los abortos no punibles y reivindicó “el derecho de la mujer a decidir en una materia tan sensible”.

Gabriel Solano (PO-FIT): Recordó que al día siguiente de dictarse el protocolo nacional habían pedido una sesión especial para que la Ciudad adhiera. “Lo de hoy se logró gracias a la lucha del movimiento de mujeres en las calles”. “Argentina exportó la ola verde y el Ni Una Menos”. “Tenemos que ir por más y aprobar el aborto en el Congreso de inmediato”. Fustigó a la Iglesia Católica y a la enseñanza que en materia de ESI imparten los colegios privados. 

Paola Michielotto (Vamos Juntos): “Los protocolos son de carácter operativo y los dicta una autoridad administrativa, mal puede un cuerpo de otro poder del estado y de otra jurisdicción, regular estas cuestiones” “¿Tratamos de darle carácter permanente a un manual de procedimientos que por naturaleza es dinámico?”, ejemplificó con el modo en que los protocolos de salud se modifican durante la pandemia y agregó “¿qué va a pasar cuando el protocolo se actualice?”. Se manifestó también en desacuerdo con el texto del protocolo que “excede las excepciones previstas en el Código Penal, “este protocolo introduce el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.

Alejandrina Barry (PTS-FIT): “La marea verde es un movimiento enorme que vino para quedarse” que “implantó en la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos”. Siempre dijimos que la pandemia no puede ser una excusa para la demora”. “Estamos discutiendo un derecho que las mujeres tenemos hace 100 años”.  “Queremos ESI sin injerencia religiosa”. “Queremos aborto legal, seguro y gratuito también en el Congreso nacional”.

Marta Martínez (AyL): “Esto es producto de la rebelión feminista que es un ejemplo de lucha”. “Junto a esa lucha histórica de las feministas decimos que ‘son niñas no madres’ y que no se puede hacer parir a una niña que ha sido violada”. “Habrá 7 millones de embarazos no deseados post pandemia, legalizar el aborto es una prioridad”. “No podemos confiar en ninguna institución patriarcal, ni en la Legislatura, ni en el Congreso, tenemos que seguir peleando en las calles”, subrayó la legisladora.

Claudio Cingolani (Vamos Juntos): “En este tema no se puede ser políticamente correcto, acá no hay grises”. “Adherir a una simple resolución ministerial como se pretende es, cuando menos, lesionar el sistema jurídico”. “La Resolución le hace decir al Código Penal lo que no dice, reinterpreta las normas, amplía los alcances del art. 86 del Código y lo tergiversa”.  Puntualizó que al reescribir la excusa absolutoria para el caso de riesgo para la salud de la madre se olvida algo crucial, la condición de que “ese peligro no pueda ser evitado por otro medio”. Criticó el trámite parlamentario del expediente para el que no hubo instancia de debate en comisión, sólo hubo una reunión informativa. “El protocolo le da a la mujer una sola opción: el aborto, y no contempla ninguna ayuda para que pueda seguir adelante”. “El sistema de salud pública se torna injusto”. Realzó que el Protocolo en la página 45, con “letra muy pequeña”, habla de la dosis que se debe usar para practicar un aborto en la semana 28 y remarcó que con esta norma “se soslayan todos las leyes y tratados que protegen la vida desde la concepción”. “El protocolo considera que a la mujer no hay que mostrarle la ecografía, ni hacerle escuchar los latidos del corazón del bebé”. “A la persona por nacer se le da el mismo tratamiento que a un residuo patogénico”.

Ofelia Fernández (FdT): “La ley es de 1921 y no podemos ir para atrás”. “En el 2018 el Senado eligió una opción cobarde y asesina”. “En Argentina cada tres horas una niña es obligada a gestar y parir”. “La ILE es un derecho que ahora tiene que ser una realidad”. “Los derechos sexuales y reproductivos no se toman cuarentena”.

Carolina Estebarena (Vamos Juntos): Citó la frase de la Madre Teresa “El aborto es una amenaza para la paz” y mencionó que ella pidió acompañamiento y ayuda para la madre en riesgo. “Tengo tristeza y angustia por las consecuencias de este protocolo”. Mencionó el 0800 de asistencia a las mujeres con embarazos inesperados. “Esta ley es de una injusticia extrema”.

Natalia Fidel (Vamos Juntos): “Estamos discutiendo la aplicación de una norma que tiene 100 años, para que se pueda acceder sin barreras a un derecho centenario”. El protocolo de la Ciudad quedó desactualizado. “El protocolo nacional está en línea con el espíritu del fallo FAL, que no exige intervenciones adicionales sean médicas, administrativas o judiciales”.

Manuela Thourte (Evolución Radical): Dijo que este protocolo no introduce algo nuevo porque los abortos ya se realizan en la Ciudad, que es un distrito pionero en practicarlos, “lo que estamos haciendo es darle un marco jurídico”.

Hernán Arce (PS): Hizo un reconocimiento a la “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito” y afirmó que el protocolo reconoce “el pleno derecho de las personan a decidir sobre su cuerpo”.  “Hay un hilo conductor entre el protocolo y las prácticas que ya se desarrollan en nuestros hospitales”. “Hacer propio el Protocolo es darle cobertura jurídica a los equipos de salud que hoy garantizan el acceso al aborto en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esteban Garrido (Vamos Juntos): “El protocolo no impone el aborto no punible, da una garantía de acceso”. Ponderó el fallo FAL y leyó una cita de ese pronunciamiento sobre el rol del estado en la atención sanitaria.

Sergio Abrevaya (GEN): La necesidad de la Ciudad de tener un protocolo es central y con la adhesión al protocolo de Nación se establece una línea única.

Ma. Luisa González Estevarena (Vamos Juntos): Entre las cuestiones más preocupantes del protocolo enumeró: 1) Hay desprotección de las menores abusadas a las que se habilita a abortar sin intervención de los padres y sin denuncia previa, 2) Se desconoce el derecho constitucional a la objeción de conciencia del médico al que le prohíbe emitir una opinión científica fundada en contra del aborto y 3) Viola la libertad y el derecho a la información de la embarazada a la que no se le van a ofrecer alternativas, condicionando su decisión.

Ma. Cecilia Ferrero (Vamos Juntos): “Estamos dando un paso adelante en el acceso a derechos” no sólo para la mujer también “le quitamos angustias al personal de la salud”.  

Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos): “Hablamos del ejercicio de un derecho reconocido en el Código Penal desde 1921”. La diputada considera que no se le puede pedir a las víctimas de violencia sexual que presenten una denuncia para acceder al aborto porque “es cruel y revictimizante”. “Nos quieren obligar a parir y a ser madres”. Recordó datos brindados por los funcionarios del Ministerio de Salud en la Legislatura y reconoció que “en la Ciudad de Buenos Aires la ILE está garantizada”.

Victoria Montenegro (FdT): Comenzó agradeciendo a la “ola verde” el impulso que le dio a estas políticas públicas. Destacó lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud porteños en los centros de atención primaria y elogió las políticas del gobierno nacional en materia de salud. “El estado no puede imponer la maternidad, el protocolo permite decidir, la interrupción del embarazo es un derecho humano”.

Leandro Halperín (Evolución Radical): Celebró el modelo de construcción política que les permitió llegar a este debate. “Una mayoría circunstancial no puede imponer de manera autoritaria su verdad”. Según Halperín, cuando fueron minoría muchas mujeres no pudieron acceder a sus derechos. El Código Penal es un acuerdo colectivo, afirmó, “no puedo convertir mi moral subjetiva en moral absoluta”. “Lo que sucede en la Ciudad tiene un valor simbólico de importancia crucial” afirmó y exhortó al Congreso a avanzar en la materia.

Claudio Romero (Vamos Juntos): “No celebro que estemos tratando esto”. “Me preocupa que a la salida de la sesión un vecino me pregunte por qué en medio de la pandemia estamos ocupándonos de esto”. Este es un tema federal que se debatió en 2018 y hoy estamos legislando por encima de la Constitución. “El protocolo lo firmó el mismo ministro que dijo que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina porque estamos lejos de China y ni siquiera hay vuelos directos”. Destacó que el aborto no va a ser gratuito como se menciona, porque lo van a tener que pagar los porteños, sea para ellos o para cualquier persona que provenga de otra provincia o país, porque así lo contempla la ley Básica de Salud.

Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos): La ex ministra de salud porteña dijo que “el aborto es una cuestión de salud pública porque es una patología que produce una muerte o enfermedad que es evitable”. Narró que trabajó en posiciones de conducción y ejecución en los hospitales y que aprendió “que no debía juzgar, que debía ser profesional y ofrecer alternativas al paciente”. “El aborto existe y existirá con legislación o sin ella”. “No debemos discutir el aborto sino en qué condiciones se realiza”. “El aborto golpea a las mujeres más vulnerables y no se puede tener una mirada moral o religiosa, la política está para terminar con las desigualdades y el aborto es una cuestión política”. “Debemos darles a nuestros equipos de salud un marco para la práctica que vienen realizando”.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1205, 16 de julio de 2020   

Editora: Lic. Mónica del Río

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