Comunicado de
la Conferencia
Episcopal de Guatemala sobre Atención
Post-Aborto
22 de agosto del
2007
En
el año 2003 la
Organización
Mundial de
la Salud
(OMS) publicó un documento que lleva por
título: “ABORTO SIN RIESGOS, Guía técnica y de
políticas para Sistemas de Salud”,
cuya finalidad es promover, en los estados miembros, el entrenamiento y
equipamiento de los servicios de salud para asegurar que los abortos sean
seguros y accesibles.
En
el documento se encuentran las siguientes afirmaciones:
·
En
octubre del 2000, en la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, todos los
países acordaron sobre la urgencia global de reducir la pobreza y
desigualdad. Meta clave es la
necesidad de mejorar la salud materna, base importante para el desarrollo,
reduciendo los niveles de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y
2015.
·
Es
causa de un alto índice de muertes maternas el buscar interrumpir embarazos no
deseados, careciéndose de acceso a los
servicios adecuados. De los 210
millones de embarazos que ocurren por año, se estima que 46 millones
finalizan en un aborto inducido. Se estima que unos 20 millones de los
abortos inducidos son inseguros.
Aproximadamente el 13% de las muertes relacionadas con el embarazo han
sido atribuidas a complicaciones de abortos inseguros (67,000 muertes anuales).
A causa de los mismos miles de mujeres sufren consecuencias a largo plazo,
incluyendo infertilidad. Son muy
comunes las infecciones del tracto reproductivo por falta de una adecuada
asepsia. Dado que ningún
anticonceptivo es 100% efectivo, continuará habiendo embarazos no deseados, a
los que las mujeres buscarán poner término mediante el aborto inducido.
·
Aunque
exista planificación familiar, los embarazos ocurren como consecuencia de fallas
en la anticoncepción, dificultades con su uso, falta de uso o a causa de incesto
o violación, por lo que el embarazo se llega a considerar como una amenaza para
la vida de la mujer o para su salud física y mental.
·
La
Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo desarrollada en El Cairo en 1994 así como la 4ª.
Conferencia Mundial de la mujer, la cual tuvo lugar en Beijing en 1995,
afirmaron los derechos humanos de la mujer en el área de salud sexual y
reproductiva. En Beijing, los
gobiernos acordaron que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho
a tener control y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con
su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coerción,
discriminación ni violencia. En El
Cairo, el aborto inseguro fue considerado una de las mayores preocupaciones de
la salud pública y garantizaron su compromiso para disminuir la necesidad de un
aborto a través de la expansión y mejoramiento de los servicios de planificación
familiar, reconociendo además, que donde no estén contra la ley, el aborto debe
ser sin riesgos.
Estos
presupuestos del documento sirven de base para indicar que el proveer servicios
adecuados para un aborto temprano salva la vida de las mujeres y evita los
costos, usualmente sustanciales, del tratamiento de complicaciones prevenibles
del aborto inseguro. Es por ello
que se afirma que el acceso rápido al aborto temprano sin riesgos reduce las
altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, previene los costos impuestos a
los sistemas de salud por los abortos inseguros y provee cuidados a aquellas
mujeres en quienes ha fallado la anticoncepción.
Dentro
de toda esta visión es fundamental el principio de autonomía en la toma de
decisión por parte de la mujer. Por autonomía se entiende que una
persona adulta, mentalmente competente, no requiere el consentimiento o
autorización de un tercero, como podría ser el marido, para acceder a un
servicio de salud. También
constituye una propuesta del documento el que se realicen abortos en hospitales
escuela, lo cual es considerado
particularmente importante para asegurar que un conjunto relevante de
profesionales sea competente en la prestación de servicios de aborto durante las
rotaciones de entrenamiento clínico.
En
cuanto a las razones por las cuales
una mujer puede solicitar un aborto seguro, se indican las
siguientes:
1.
Cuando hay peligro para
la vida de la mujer.
2.
Cuando hay peligro para
la salud mental y física de la mujer, entendiéndose como daño a la salud mental
la angustia psicológica consecuencia de un embarazo no deseado.
3.
Cuando el embarazo es el
producto de una violación o incesto.
4.
Cuando existe daño
fetal.
5.
Por razones económicas o
sociales.
6.
A requerimiento de la
mujer, haciéndose presente en su caso una o varias de las causas antes
mencionadas.
Todo
lo dicho anteriormente lleva a urgir, en el documento, el que se creen políticas
que faciliten el acceso a servicios de aborto sin riesgos en todos los casos en
los cuales lo permita la ley así como la creación y
facilitación de ambientes políticos que permitan la aprobación del aborto seguro
y la eliminación de barreras administrativas y regulatorias
existentes.
Contraria
a toda esta visión que, bajo razones supuestamente graves busca promover el
aborto, la doctrina propia de
la Iglesia
Católica reafirma que
“todo hombre, abierto sinceramente a la
verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la
razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir
en la ley natural escrita en
su corazón, el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su
término, y afirmar el derecho de cada
ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se
fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política” (Carta Encíclica “El Evangelio de la vida”,
2).
La
situación mundial es particularmente grave, ya que, como afirma el Papa Juan
Pablo II en el documento anteriormente citado, “con las nuevas perspectivas abiertas por el
progreso científico y tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la
dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva
situación cultural, que confiere a los atentados contra la vida un aspecto
inédito y, podría decirse, aún más inicuo ocasionando ulteriores y graves
preocupaciones: amplios sectores de la
opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los
derechos de la libertad individual, y
sobre este presupuesto pretenden nos sólo la impunidad, sino incluso la
autorización por parte del Estado, con el fin de practicarlos con absoluta
libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras
sanitarias. Opciones antes
consideradas unánimemente como delictivas y rechazadas por el común sentido
moral, llegan a ser poco a poco socialmente respetables.
La misma medicina, que por su vocación está ordenada a la defensa y
cuidado de la vida humana, se presta cada vez más en algunos sectores a realizar
estos actos contra la persona, deformando así su rostro, contradiciéndose a sí
misma y degradando la dignidad de quienes la ejercen. El resultado al que se llega es
dramático: si es muy grave y
preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o
próximas a su ocaso, no menos grave e inquietante es el hecho de que a la
conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grades, le cueste
cada ve más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al
valor fundamental mismo de la vida humana” (n. 4).
Lo
anteriormente dicho nos permite fácilmente considerar que “se puede hablar de una guerra de los
poderosos contra los débiles.
La vida que exigiría más
acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso
insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos.
Se desencadena así una especie de conjura contra la vida. Se afirma con frecuencia que la
anticoncepción, segura y asequible a todos, es el remedio más eficaz contra el
aborto. Se acusa además a
la Iglesia
católica de favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando
la ilicitud moral de la anticoncepción.
Puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar
después la tentación del aborto.
Pero los contravalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva, bien
diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el
significado pleno del acto conyugal, son tales que hacen precisamente más fuerte
esta tentación, ante la eventual concepción de una vida no deseada. Es cierto que no faltan casos en los que
se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo la presión de múltiples
dificultades existenciales, que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por
observar plenamente la
Ley de Dios. Pero
en muchísimos otros casos estas prácticas tienen sus raíces en una
mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un
concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo
de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar del
encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar absolutamente, y el aborto en
la única respuesta posible frente a una anticoncepción frustrada”. (nn. 12-13).
Ante
la progresiva pérdida de conciencia y de los valores humanos y cristianos de la
sociedad actual, volvemos una vez más a hacer nuestra la afirmación del Papa
Juan Pablo II, quien en su Carta Encíclica el Evangelio de la vida, afirmará
enfáticamente: “Con la autoridad conferida por Cristo a
Pedro y a sus sucesores, en comunión con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo
que la eliminación directa y
voluntaria de un ser humano e inocente es siempre gravemente inmoral.
La decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su
vida es siempre mala desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita ni
como fin, ni como medio para un fin bueno. En efecto, es una desobediencia grave a
la ley moral, más aún, a Dios mismo, su autor y garante; y contradice las virtudes fundamentales
de la justicia y de la caridad.
Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente,
sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Ninguna autoridad puede legítimamente
imponerlo ni permitirlo. Cada ser
humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la
vida”. (n.
57).
Ciertamente,
entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto
procurado tiene características que lo vuelve un delito particularmente
grave. Sin embargo, la percepción de su
gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la
mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una
peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de
distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho
fundamental a la vida. El aborto procurado es y será siempre la
eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano
en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento.
Nuestra
Constitución protege la vida humana desde su concepción (artículo
3ero.). Por ello, todo lo que favorezca
la creación de políticas o estrategias abortistas es absolutamente
anticonstitucional. Desde hace algunos años, el Ministerio
de Salud Pública viene promoviendo el Programa Nacional de atención
post-aborto, contando para ello incluso
con un órgano divulgativo. El mismo
tiene por finalidad brindar un conjunto de servicios a la mujer durante el
período asociado a su condición clínica que se inicia cuando en forma inevitable
se produce la interrupción de un embarazo de veinte semanas o menos, utilizando
sistemáticamente la consejería, la técnica de aspiración manual endouterina, el
ofrecimiento de métodos anticonceptivos y referencia a otros servicios de salud
reproductiva.
Para
lograr su propósito el Ministerio viene fortaleciendo la red nacional
hospitalaria en Guatemala y favoreciendo talleres regionales para mejorar la
sensibilización en la atención integral del cuidado post-aborto. Se busca capacitar personal médico y
paramédico como enfermeras, enfermeros, promotores de salud y, en algunos casos,
comadronas, para poder realizar la aspiración manual al vacío para mujeres en
situación de post aborto. El paso
de la atención post aborto a la facilitación del aborto inducido mediante la
aspiración al vacío, el cual lleva de 3 a 10 minutos de duración y puede
realizarse de manera ambulatoria, se dará casi como una consecuencia, aunque no
sea una política oficial, ya que estimula el uso de este método en forma
clandestina en lugares fuera de la atención de los servicios de salud y que no
cuentan con medidas mínimas de higiene y mucho menos de equipamiento necesario
para resolver complicaciones que se presenten. Además, el personal adiestrado, si
carece de escrúpulos, podrá ofrecer este servicio especialmente a adolescentes
causándose un gravísimo daño moral y físico a las
jovencitas.
Sabemos
que en toda Guatemala se vienen provocando abortos inseguros, realizados por
personas que carecen de escrúpulos y de entrenamiento necesario y que los llevan
a cabo en un ambiente en el que se carece de atención médica mínima. Es por ello
que nos preocupa sobremanera el que equipo como el Aspirador Manual
Endouterino, conocido como AMEU,
esté siendo distribuido y a la vez se
capacite para su uso a personal médico y no médico de forma gratuita por el
Ministerio de Salud Pública. La reutilización de estos equipos y sus cánulas es
muy delicada, ya que pueden utilizarse de nuevo múltiples veces, aumentándose
así el riesgo de contaminación con VIH, Hepatitis B, tétanos y gangrena gaseosa,
entre otros.
Por
todo lo dicho anteriormente, solicitamos a las autoridades del Gobierno,
estudiar a fondo las
graves consecuencias que se presentan a raíz de la aplicación del programa de
atención post-aborto. Estamos de acuerdo que se debe dar la
mejor atención a la mujer que atraviese tal situación, pero no en que se
promueva la realización de la aspiración uterina al vacío para luego colocar un
dispositivo intrauterino (popularmente conocida como la ”T”) como se promueve
por las autoridades de salud. Con
tal medida no es está tomando en cuenta que el útero puede haber aumentado hasta
cuatro veces su tamaño normal y que sus paredes se encuentran adelgazadas por el
reciente embarazo, llegándose a provocar fácilmente con ese dispositivo
perforaciones en la pared del útero, provocándose así una situación de mayor
riesgo para la paciente.
Independientemente de ello, la “T” no puede considerarse como un método
anticonceptivo sino abortivo, por lo que nunca podrá la Iglesia aceptar su
uso.
Instamos
por ello a que los fondos o recursos destinados a estas actividades sean
utilizados para la promoción de valores éticos y morales en la juventud, ya que
estamos convencidos que se tiene que llegar a la raíz del problema invitándose a
la juventud a vivir su vida cimentada en principios de castidad y abstinencia y
no en la promoción de conductas sexuales irresponsables que lleven de mano
políticas empresariales de consumo de anticonceptivos.
Ante
lo manifestado sorprende el interés manifestado por algunos candidatos a
la
Presidencia y al Congreso en cuanto a una modificación de
la Constitución. La Conferencia
Episcopal de Guatemala manifiesta la intención cierta de velar para que
el artículo 3 de
la
Constitución de la República no sea modificado o suprimido, ya que
es la base para respetar el derecho fundamental del no nacido a la vida
humana. Las políticas dirigidas no deben ir sólo
encaminadas a promover el consumo de anticonceptivos desde la adolescencia, ni a
hacer esfuerzos por despenalizar el aborto o promoverlo. Deben ser políticas profundas,
sin metas comerciales, con una profunda base de moral cristiana, con respeto a
todo ser humano sin importar si está en etapa embrionaria, fetal o adulta.
El derecho de toda persona termina donde empieza el derecho de otra
persona, por lo que el derecho de la madre termina donde empieza el derecho
fundamental a la vida del ser humano que lleva en su
seno.
Urgimos
pues a las autoridades respectivas, a no favorecer nada que pueda dañar, de
alguna manera, la integridad física de los guatemaltecos, especialmente aquellos
que son más débiles, como es el caso de los no nacidos, quienes no pueden
defenderse de ninguna manera ni evitar las acciones que se realicen en contra de
su vida.
Guatemala
de la
Asunción, 22 de agosto del 2007
+
Álvaro Ramazzini Imeri, Obispo de
San Marcos, Presidente de la Conferencia Episcopal
De Guatemala
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Pablo Vizcaíno Prado, Obispo de Suchitepéquez – Retalhuleu, Presidente de
la Comisión
Nacional de Salud, de la
CEG