MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

O R D E N A N Z A Nº  Nº  8.186

“Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no punible”

Concejo Municipal

          Las Comisiones de Salud y Acción Social y de Gobierno y Cultura han tomado en consideración el proyecto presentado por los  Concejales Pablo Colono, Miguel Zamarini, María Cristina Fregoni, Patricia Lagarrigue, Omar Saab, Carlos Comi, Arturo Gandolla, Juan Rivero, Ricardo Barrera, José N. Trigueros, Miguel Pedrana, Nire Roldán y Osvaldo Miatello, que expresa.       

Visto:

La Constitución Nacional Artículo 75 inciso 22 que incorpora con rango constitucional: Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11; la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 12; el Pacto  Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículo 17; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La Ley N° 24632, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem Do Pará.

La Ley N° 26171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en noviembre último.

El Artículo 86 incisos 1 y 2, del Código Penal Argentino.

El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres 2005/2009.

El Documento de Trabajo de las Mujeres Autoconvocadas de Rosario: "Procedimientos en la implementación del Aborto no Punible en los servicios de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario"; y  

CONSIDERANDO:

Que el artículo 86 del Código Penal, segundo párrafo establece que: "...El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2. Si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto."

Que existen situaciones según el artículo 86 del Código Penal Argentino en las que el aborto no es punible.

Que el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres 2005/2009; un avance para garantizar derechos y ciudadanía tiene como objetivo para la Secretaría de Salud Pública introducir la perspectiva de género en el trabajo de los equipos de salud, es decir "mejorar la calidad de atención que recibe la población de mujeres vinculadas a los servicios de salud, sensibilizando a los y las trabajadoras de la salud en su accionar cotidiano. Respetar los derechos ciudadanos a tener accesibilidad, privacidad, confidencialidad, información personalizada, elección con conocimiento, y poder opinar sobre los procedimientos médicos sin presiones ni  condicionamientos.

Que se han sucedido en el último tiempo, en distintas ciudades del País, situaciones de mujeres a quienes no se les ha permitido acceder al derecho establecido en el Artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal, que permiten la realización de un aborto en determinadas situaciones;

Que los casos que han tomado estado público muestran que el manto de criminalidad y la interpretación restrictiva del aborto no punible, es por prejuicios netamente religiosos de un sector de la población. Situación ésta que debe revertirse ya que se transforma en un gran atentado a la salud pública y en especial a la salud de las mujeres pobres.

Que los servicios de salud que el Estado debe ofrecer a todas y todos sin distinciones, no pueden estar sujetos a las creencias de una parcialidad religiosa, sin desmedro de quienes libremente tienen derecho a profesar su fe; en referencia a los médicos objetores de conciencia.

Que el Estado debe garantizar la igualdad de posibilidades para todas las mujeres en el ejercicio autónomo y responsable, de sus derechos sociales y humanos, en particular sus derechos sexuales y reproductivos; y debe evitarse la injusticia  y desigualdad que deben padecer las mujeres pobres cuando acceden al sistema de salud pública para ejercer lo que la ley les otorga, respecto a los casos de aborto no punible, derecho al aborto legal y seguro, cuando el embarazo pone en riesgo su salud o su vida o es consecuencia de una violación.

Por lo expuesto estas comisiones aconsejan para su aprobación el siguiente proyecto de:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°.- Establécese un "Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no punible", según lo establecido en el Artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación. Según el cual las prácticas médicas comprendidas en el presente "Protocolo de Atención Integral de la Mujer en casos de Aborto no punible" deberán realizarse garantizando que la mujer no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento y provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud municipal deberán ofrecer asistencia psicológica a la mujer antes y después de la intervención. Dicha asistencia deberá extenderse al representante legal o al grupo familiar afectado, si correspondiere.

Art. 2.-  El Protocolo enunciado en el artículo 1° de la presente, tiene como objetivos específicos que los servicios de salud municipal deben garantizar a la mujer:

a) La realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo sin riesgos.

b)     La atención médica y psicológica a la mujer pre y  post aborto.

c)      La preservación, en lo posible, de datos personales y familiares, de quienes estén comprendidos en el Artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, a través de cualquier medio de comunicación o publicación.

Art. 3°.- En ningún caso de interrupción voluntaria del embarazo, realizado en concordancia con lo dispuesto en el presente "Protocolo", se requerirá la intervención o autorización de autoridad judicial o administrativa alguna para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de salud integral de la mujer embarazada desde la perspectiva de la salud.

Art. 4°.-  En casos de interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o para la salud de la mujer (Código Penal de la Nación artículo 86 inciso 1): El peligro para la vida o salud de una mujer embarazada, causado o agravado por el embarazo, debe ser diagnosticado por el/la  profesional de la salud que corresponda. Dicho diagnóstico deberá tomar en cuenta  la percepción de la mujer embarazada respecto a la viabilidad o no del proceso gestacional.

Inmediatamente después de haberse producido dicha comprobación el/la profesional de la salud tratante está obligad o a informar a la mujer embarazada, explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico  pronóstico del cuadro que la afecta y la posibilidad de interrumpir el embarazo. Debe dejarse constancia en la Historia Clínica de haber proporcionado dicha información, así como también de la confirmación de la mujer gestante de haber comprendido la información recibida. En caso de tratarse de una menor de 13 años de edad, requerirá además el consentimiento de sus representantes legales.

Art.5°.-  En casos de interrupción del embarazo en caso de supuesta violación a una mujer idiota o demente (Código Penal de la Nación Artículo 86 inciso 2): Si el embarazo proviene de una violación, el/la médico/a tratante deberá requerir el consentimiento informado del  representante legal de la mujer que ha sido violada.

Art. 6°.- El Departamento Ejecutivo a través de su Secretaría de Salud Pública Municipal, instruirá debidamente a las/los médicas/os y funcionarias/os que se desempeñen en los efectores municipales sobre el "Protocolo de Atención Integral a Mujeres en casos de Aborto no punible".

Art. 7°.-  Toda persona, ya sea médico/a o personal auxiliar del Sistema de Salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a la práctica médica enunciada. Independientemente de la existencia de médicos/as y/o personal auxiliar que sean objetores de conciencia, cada establecimiento asistencial deberá contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley y este protocolo le confieren a la mujer.

La Secretaría de Salud Municipal tomará los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento al presente artículo.

Oportunidad para declarar la objeción de conciencia

La objeción de conciencia debe ser declarada por el/la médico/a o personal auxiliar al momento de iniciar sus actividades en el establecimiento asistencial y debe existir un registro público de dicha declaración a disposición de las usuarias. Por otro lado, todos los/as médicos/as y personal auxiliar que ya pertenecen a la planta municipal deben tener la misma oportunidad de exponer públicamente su objeción a fin de dar cumplimiento a ese registro público de declaración.

Las mujeres deberán ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médico/a tratante y/o del personal auxiliar desde la primera consulta que realicen con motivo del embarazo.

Art. 8°.- Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo  el tratamiento por parte de los/las profesionales de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

Art. 9°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de su Secretaría de Salud Pública, garantizará, supervisará y controlará el efectivo cumplimiento del presente "Protocolo" y de las óptimas condiciones obstétricas en que los efectores públicos de salud brinden las prestaciones establecidas, a todas aquellas mujeres que carezcan de cobertura de seguridad social.

Art. 10°.- Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agréguese al D.M.-

Sala de Sesiones, 14 de junio de 2007.-