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NOTIVIDA, Año III, nº 123, 20 de
Enero de 2003 Buenos Aires, Argentina SE PONE EN MARCHA EL PLAN DE
ESTERILIZACIÓN DE LOS POBRES. Es comparable al que dio origen
al juicio por crímenes de lesa humanidad contra el
ex-presidente peruano Fujimori. Como era de esperar las promesas
del gobierno del Dr. Duhalde sobre que en la reglamentación de
la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se iban a
tener en cuenta las objeciones que la Iglesia, de los padres
de familia y de las asociaciones y los movimientos pro-vida,
sólo fueron -como anunciamos- "un engaña-bobos". Quienes las
creyeron de buena fe y los que lo hicieron para no complicarse
la vida, como si se pudiera esperar algo de los representantes
de la internacional del aborto, se han visto burlados. El
"compromiso" había sido anunciado en la Cámara de Senadores,
el día que se sancionó la ley (30-12-02), por el senador Gioja
y la senadora Halak, y también por el senador Antonio
Cafiero. Ya en diciembre, el ministro Ginés
González García, anunció el programa denominado "Cuidarnos"
para llegar a 4 millones de niños, 700 mil mujeres embarazadas
y 9 millones de mujeres en edad fértil (Página 12, 12-12-02),
dirigido especialmente a la población más pobre. Además, se
anunciaba que el plan contaba con el apoyo de la Sociedad
Argentina de Pediatría, de los miembros de la Mesa de Diálogo,
de autoridades universitarias, entidades médicas, sanatorios y
clínicas, entre otros. El 20 de enero, también Página 12,
publicó que "la reglamentación de la polémica Ley 25.673 no se
hizo en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino como anunció
Chiche Duhalde en su momento. La tarea estuvo a cargo de un
equipo de especialistas del Area de Salud Reproductiva Materno
Perinatal, que depende de la secretaria de Programas
Sanitarios, Graciela Rosso. Se ocuparon de redactar el
artículo primero que crea el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable. El texto fue consensuado con
entidades médicas como la Sociedad Argentina de Ginecología
Infanto-Juvenil, la Federación Argentina de Sociedad de
Ginecología y Obstetricia, y la Asociación Argentina por la
Salud Sexual y Reproductiva, además de ONG de mujeres (FEIM y
ISPM), investigadoras en temas de salud (del Cedes y
Cenep-Conicet) y asesores de legisladores. Según informó Rosso
a este diario, se espera que el ministro Ginés González García
le dé el OK en los próximos días y después pase a la firma del
presidente Duhalde". La reglamentación, se hizo en base
al anexo del proyecto de ley, que en 1995 aprobó la Cámara de
Diputados y que no fue sancionado por el Senado, elaborado por
el Ministerio de Salud del gobierno del Dr. Menem y por
funcionarios de la ONU (UNICEF, PNUD, OMS) y abortistas
locales. La reglamentación apunta a la
"población general sin discriminación alguna", es decir,
incluye a los adolescentes. "Respalda el derecho de las
personas a 'tener relaciones sexuales gratificantes sin
coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados, y
a regular su fecundidad'. Promueve la 'consejería' en salud
reproductiva en los centros de salud. Establece el 'principio
de autonomía' de todas las personas para decidir 'en libertad'
y 'en forma individual' qué anticonceptivo elegir para regular
su fertilidad, a partir del asesoramiento médico". Continúa diciendo Página 12, que
según el plan los médicos deben informar sobre todos los
métodos autorizados por el Ministerio de Salud, incluyendo la
anticoncepción de emergencia para casos como una violación o
una relación sexual sin protección, y la esterilización a
través de la vasectomía y la ligadura de trompas. El programa,
"tiene un claro enfoque de género: está dirigido tanto a
mujeres como a varones. Promueve conductas de responsabilidad
compartida en la pareja, tanto en la procreación y en el
cuidado de la descendencia como frente a la decisión y el
empleo de métodos anticonceptivos". Por lo declarado por los
funcionarios, la reglamentación tiene como especial objetivo a
las mujeres pobres. Avanza sobre el texto de la ley, ya que
expresamente se refiere a la esterilización quirúrgica
(ligadura de trompas y vasectomía) y al método abortivo,
llamado anticoncepción de emergencia. Cabe aclarar que los
anticonceptivos hormonales son todos abortivos, pues como el
DIU, alteran el endometrio del útero, impidiendo la
implantación del óvulo fecundado. Además, la reglamentación instituye
"el seguimiento" de las mujeres sujetas al programa,
estableciendo lo que podría llamarse un "régimen policial"
contra el embarazo, especialmente de mujeres pobres. Así se
debe entender la palabra "consejería", en este
contexto. "Para poder cumplir, sigue el
diario, con el programa en todo el país, el Ministerio de
Salud llamará a licitación para comprar métodos por valor de
2,5 millones de dólares: preservativos, 200 mil dispositivos
intrauterinos (DIU), 6.500.000 de blisters de anticonceptivos
orales combinados y 480 mil inyectables. 'Es la primera vez
que se hace una compra de esta magnitud desde el Estado',
destacó Rosso. 'Esperamos tener los elementos en 40 días y
empezar a distribuirlos en 60', agregó. En las primeras
semanas de febrero, además, el ministerio recibirá una
donación de la ONU de contraceptivos hormonales y
preservativos, que se sumará a otra que ya recibió de 200 mil
DIU. 'Los vamos a distribuir entre las 13 provincias que
tienen leyes o programas de salud reproductiva para que puedan
entregarlos. Con las que no tienen normativas estamos haciendo
convenios para que pongan en marcha programas. Con la única
que nos falta firmar es con San Luis', detalló la secretaria
de Programas Sanitarios. En julio está prevista otra compra
por 2,5 millones de dólares, con la cual se cubrirá la demanda
de enero a diciembre en todo el país. 'La Nación va a
garantizar que en todos los hospitales de las provincias haya
anticonceptivos', prometió Rosso. De acuerdo con un estudio
del Banco Mundial, que Página/12 publicó en exclusiva el 26 de
diciembre, en la mayoría de las provincias no se entregan
métodos -aunque esté previsto en las leyes locales vigentes-
por falta de presupuesto, por el desvío de fondos para
comprarlos hacia otros fines y por presiones de la Iglesia
Católica". Además, se anunció que desde el
Ministerio de Salud empezaron a trabajar con asesores de
Educación para incluir el tema dentro de las currículas. "Es
un aspecto fundamental", destacó Rosso. Es decir, el avance
sobre la enseñanza, no sólo la de gestión estatal, es un
hecho, también en esto el plan cumple al pie de la letra los
dictados de la ONU, especialmente de organismos como UNICEF,
OMS y el Programa para el Desarrollo (PNUD), cuyo embajador
-el marxista español Angulo- es un activo protagonista de la
Mesa del Diálogo. A todo esto, como se informó en
Noticias Globales, los programas PROMIN I y II, en los que la
UNICEF, tiene un papel protagónico, incluyen desde hace
tiempo, servicios de salud reproductiva, porque seguramente
pretenden paliar el hambre de los pobres con píldoras
abortivas y DIU's. Para concluir, recogemos otro
párrafo de Página 12: "No estamos debatiendo la ley. El
Episcopado se confunde. Ese debate es el que perdió en el
Congreso. Nosotros la estamos reglamentando", respondió Rosso
al ser consultada sobre la posición expresada por la
Conferencia Episcopal. Se abre así, el capítulo de las
batallas judiciales: los padres de familia, y los
profesionales de la salud y la educación, sin distinción de
credos, deberán hacer valer sus derechos ante los tribunales.
Lamentablemente, mientras tanto, muchas vidas humanas se
perderán y muchas mujeres pobres serán esterilizadas.
FIN RUEDA DE ENLACE DE
ONG's ______________________________ NOTIVIDA, Año III, nº 123, 20 de
Enero de 2003 Editor Pbro. Juan C. Sanahuja,
(54-11) 4813-5320;
4811-1678 |