AVANZA EN EL SENADO LA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA POR EXIGENCIA DE LA ONU

Buenos Aires, Argentina

El proyecto de Protección integral al niño/a y adolescente, sancionado por la Cámara de Diputados y actualmente en estudio en el Senado de la Nación, imponiendo una concepción totalitaria, reasigna los roles de los padres y del Estado respecto a los niños y adolescentes. Invierte la misión natural de la Familia y del Estado.

El objeto del proyecto es "garantizar a los niño/as y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías".

Para que el objetivo se cumpla -según el texto- el Estado puede tomar medidas de "cualquier índole"; mientras que los padres sólo tienen la “responsabilidad” y “obligación” de asegurar el cumplimiento de las directivas estatales. La indelegable responsabilidad de los padres desaparece. El Estado se hace cargo de los jóvenes. La familia queda subordinada al Estado, en un proyecto totalitario que reedita los atropellos soviéticos.

"Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos -por ej. la patria potestad- prevalecerán los primeros." (art.8)

Para algunas Senadoras la Constitución es un tema menor

Para la senadora Mabel Müller, (PJ-Pcia. de Bs. As), mano derecha del presidente Duhalde y de Chiche Duhalde en el Senado, la Constitución es un tema menor y urge sancionar el proyecto de Protección integral al niño/a y adolescente, porque así lo exige la ONU.

El día 20 de marzo, se llevó a cabo una reunión informativa organizada en el Senado de la Nación por las Comisiones de Familia y minoridad y Derechos y garantías, con el fin de facilitar el estudio del Proyecto.

Intervino, como único orador, el Dr. Norberto Ignacio Liwski, presidente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia. Su exposición fue clara y categórica. El funcionario destacó, entre otras cosas, la colisión que existe entre el proyecto y la Constitución Nacional, mencionando expresamente la Ley 23.849.

En efecto, el proyecto prevé en su art. 37, referido a la salud sexual y reproductiva, que "los adolescentes tienen derecho a solicitar y recibir estos servicios por sí mismos". Define, además, como adolescente, al menor que tiene entre doce y dieciocho años (art. 2). Es decir, garantiza que una niña de doce años pueda solicitar en el hospital la colocación de un DIU o el suministro de una "píldora del día después" sin que sus padres se enteren ya que le asegura "confidencialidad".  Contrariamente, la ley 23.849, declara “que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a los principios éticos y morales”. Como bien señalara el Dr. Liwski, es evidente la contradicción entre la Constitución y el proyecto.

A pesar de esto, las senadoras presentes: Mabel Müller, (PJ-Pcia. de Bs. As); Marcela Lezcano (UCR-Formosa); Lilia Arancio, (UCR-Jujuy); Mabel Caparrós, (PJ-Tierra del Fuego); y Carmen Gómez de Bertone (PJ-La Pampa); consideraron las observaciones como temas menores y descartaron la posibilidad de hacer modificaciones al proyecto amparándose en el tiempo que las mismas demandarían. Según las senadoras, introducir modificaciones impondría la vuelta del proyecto a la Cámara de Diputados e impediría que estuviera sancionado antes de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la Infancia, convocada en Nueva York, para mayo/2002.

Cabe señalar que la Comisión que debe estudiar el proyecto en primer término es la de Legislación general, que no fue invitada a la reunión organizada por las Comisiones de Familia y minoridad y Derechos y garantías, seguramente para evitar cualquier tipo de oposición. Una vez más el feminismo demuestra que pretende legislar y gobernar "de facto". FIN

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Rueda de Enlace de ONG's

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NOTIVIDA. Año II, n° 72, 4 de abril de 2002.